• La concejala del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo ha desvelado que el Ministerio Público define como “insostenible” que se hayan realizado pagos a la Comunidad de Montes de A Canicouva con el contrato ya vencido en 2019

• El decreto de Fiscalía recoge: “Es de advertir que la irregularidad, por lo que consta a esta Fiscalía, se mantiene, motivo por el que podría estudiarse en el futuro si se aprecian actuaciones consideradas delictivas”

• Pese a la extinción del contrato se abonaron las facturas de años posteriores: “Se pagó en el 21 y se han girado facturas en el 22 y en el 23. ¿Por qué no se han abonado estos dos últimos años si el Ayuntamiento sostiene que el contrato continuó en vigor?

• “¿Va a seguir ocasionando el Concello un perjuicio al erario público? El PP llegará a donde haya que llegar para defender los intereses de nuestros vecinos y que no se despilfarre el dinero de todos”

La concejala del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo, acompañada de los ediles Pablo Fernández y Guille Juncal, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para analizar los detalles sobre la investigación por el contrato de alquiler de los terrenos para la planta de compostaje prevista en A Canicouva. Pardo ha avanzado que Fiscalía ve irregularidades en el alquiler de los terrenos de A Canicouva y ya ha remitido toda la información al Tribunal de Cuentas, que ahora llevan la investigación.

La concejala popular ha desvelado que el Ministerio Público define como “insostenible” que el Concello mantenga que el contrato siga vigente, ya que no construirse la planta de compostaje en cuatro años desde 2015 implicaría la rescisión automática. En este sentido el propio decreto recoge: “Es de advertir que la irregularidad, por lo que consta a esta Fiscalía, se mantiene, motivo por el que podría estudiarse en el futuro si se aprecian actuaciones consideradas delictivas”.

Pese a la extinción del contrato, el 19 de diciembre del 2019, se abonaron las facturas de años posteriores: “Se pagó en el 21, por el 20, y se han girado facturas en el 22 y en el 23. ¿Por qué no se han abonado estos dos últimos años si el Ayuntamiento sostiene que el contrato continuo en vigor?”.

Si bien es cierto que la Fiscalía archiva la denuncia, “porque no hay dolo”, existe una “irregularidad y no quedan dudas de que el contrato está extinguido”. Desde el Partido Popular “hemos mantenido la prudencia ya que asunto no ha concluido: la Fiscalía, no el PP, lo ha remitido al Tribunal de Cuentas por si fuere procedente la exigencia de responsabilidad contable”.

Por último, Pardo ha explicado que se ha solicitado otra serie de documentaciones, certificaciones e informes, “de los que estamos pendientes”: “El PP de Pontevedra llegará a donde haya que llegar para defender los intereses de nuestros vecinos y que no se despilfarre el erario público”. La popular ha recordado que desde su formación se ha exigido recuperar el dinero que se pagó en el 2021, del arrendamiento del 2020, y “todavía no han contestado”.