La instalación del compostero de Eduardo Pondal no está amparado por ningún contrato. Las 300 unidades modulares adquiridas por el Ayuntamiento de Pontevedra para los barrios de Monteporreiro y Campolongo no pueden destinarse a otras zonas de la ciudad. Para poder hacerlo, previamente “el Gobierno de Lores debe hacer una modificación del contrato de suministro y un nuevo concurso de obra civil”.
Rafael Domínguez lamenta que “el contrato más importante para Pontevedra se convirtiera en un escándalo para el Ayuntamiento”. “Desconocemos las razones por las que fue elegida esta empresa a dedo por el Gobierno de Lores para decidir el futuro de la gestión del agua durante veinte años”, señalan. El informe aportado contiene una falsedad, pues la mesa de contratación no acordó que fuera una empresa privada la que se encargara de su elaboración.
La formación que encabeza Jacobo Moreira puso encima de la mesa una irregularidad en el enunciado de este informe: se asegura que la mesa de contratación acordó solicitar su elaboración a una empresa personal, pero no consta así en el acta. Además de los errores de bulto que se cometen en el informe. El Grupo Popular exige que se exprese una justificación sobre las diferentes puntuaciones.
Al hilo de las subvenciones públicas del Ayuntamiento a Galiza Nova, exige al alcalde de Pontevedra “explicaciones, rectificación o que se vaya”. “Lores está haciendo del Ayuntamiento de Pontevedra una fuente de financiación del nacionalismo gallego”, admite.
Una vez conocido el informe de valoración de ofertas en el concurso del contrato de gestión de abastecimiento de agua, el Grupo Popular expresa sus recelos. En uno de los apartados a valorar, Aquagest-Viaqua recibe casi un punto más del máximo que permite el pliego del contrato. A puntuación efectuada hasta ahora se basa en criterios no objetivos, sino dependientes de juicios de valor, y fue realizada por una empresa privada
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