• El presidente del PP de Pontevedra ha expresado su satisfacción ante el rechazo del Tribunal Supremo a los últimos recursos presentados contra la sentencia de Ence por parte del Concello de Pontevedra y el Estado

• Domínguez recuerda que el PP ha estado siempre a favor del que genera la empresa, y considera que la resolución judicial respalda la postura del partido en defensa del desarrollo económico y social de Pontevedra

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha expresado su satisfacción ante el rechazo por parte del Tribunal Supremo de los últimos recursos presentados contra la sentencia de Ence por parte del Concello de Pontevedra y el Estado. Esta resolución, dice Domínguez, “confirma una vez más la legalidad y viabilidad de este proyecto empresarial en nuestra ciudad”.

Domínguez ha destacado que el Partido Popular de Pontevedra “ha estado siempre a favor de los puestos de trabajo que genera la empresa”, y considera que la resolución del Tribunal Supremo “respalda la postura del partido en defensa del desarrollo económico y social de Pontevedra”.

«Nos alegramos de que el Tribunal Supremo haya avalado la continuidad de Ence en nuestra ciudad. Esta empresa es un referente en el sector y su actividad es fundamental para el empleo y la economía local», ha afirmado Domínguez.

El líder del PP de Pontevedra ha mostrado su preocupación por la postura del alcalde Lores, quien ha mantenido “una política antiempleo que ha convertido a Pontevedra en la capital del paro”. «Es lamentable que el alcalde haya generado inseguridad jurídica, alejando a grandes empresas y perjudicando a los pontevedreses», agregó Domínguez.

Además, Rafa Domínguez ha criticado que el Concello tenga que asumir las costas procesales, incluyendo los honorarios del despacho de abogados del exministro Caamaño, contratado para presentar el recurso. Según informaciones, la minuta a pagar ascenderá a 26.000 euros más IVA, una cantidad que deberá ser sufragada con dinero público.

«Resulta inaceptable que el Concello deba utilizar fondos públicos para pagar los costos del proceso y los honorarios de un despacho de abogados externo. Este dinero debería destinarse a inversiones que beneficien a los pontevedreses en lugar de financiar batallas legales sin fundamento», ha rematado el popular.