- Pardo solicita la activación del Consejo Local de Seguridad para que “se adopten medidas urgentes para revertir el incremento de delitos”, al mismo tiempo que critica que “Lores solo eche mano de la Policía Local con fines recaudatorios”
- Junco advierte de que la ciudad está “a la cabeza del ranking de capitales de provincia pobres, siendo la que menos invierte de toda España por delante de Badajoz y Cuenca”
Las concejalas del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo y Silvia Junco han ahondado en los datos oficiales del Ministerio del Interior que alertan de que, mientras los índices de criminalidad se han reducido en Galicia y en la provincia durante el 2024, en la ciudad del Lérez siguen una tendencia al alza que preocupa a la oposición por la “crisis profunda” que padecen los servicios sociales municipales y las personas en riesgo de exclusión social.
A lo largo del mandato actual, el hartazgo del PP pontevedrés se ha traducido en la presentación de tres mociones, que fueron debatidas en el pleno de la corporación, además de 12 notas de prensa para reclamar al gobierno local del Bloque Nacionalista Galego que deje de permanecer “pasivo” ante los episodios de inseguridad ciudadana y proporcione los recursos necesarios a la Policía Local, con el objetivo de revertir estas cifras negativas en coordinación con la Policía Nacional.
Pardo ha señalado que la adopción de medidas desde la última Junta Local de Seguridad, celebrada en marzo de 2024, entre el alcalde de Pontevedra y el Subdelegado del Gobierno, ha sido “inexistente” a pesar de la presión de los populares, que no dudaron en sumarse a iniciativas como la recogida de firmas iniciada por los vecinos de la Herrería, Oliva y Campolongo.
Por el contrario, el BNG de Miguel Anxo Fernández Lores no ha hecho “nada” para que los agentes municipales “ganen más relevancia con el afán de proporcionar un entorno seguro a los ciudadanos”, ha añadido.
En este sentido, considera que la concejala de Personal, Eva Villaverde, está “inhabilitada” para dirigir su cargo en el área de gobierno que ocupa, desde el momento en el que negó que la Policía Local tenga competencias en materia de seguridad cuando “están establecidas en el artículo 53 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: evitar la comisión de delitos, proteger espacios públicos y mantener el orden”.
Igualmente, ha afeado el “error” de la nacionalista en el pleno ordinario de enero de 2025 cuando, en el debate de la moción del PP para adoptar las medidas necesarias para mejorar los recursos humanos y materiales de la Policía Local, “confundía la diferencia entre permutas con solicitudes de traslado por movilidad, al negar la existencia de una fuga de agentes a otros municipios”.
La número dos de los populares ha anunciado la solicitud formal de activación del Consejo Local de Seguridad para que “se adopten medidas urgentes para revertir el aumento de los delitos sexuales o de los robos en la ciudad”, al mismo tiempo que ha criticado que “Lores solo echa mano de la Policía Local con fines recaudatorios”.
El 2024 se ha cerrado con un resultado negativo para Pontevedra en materia de criminalidad pero también en el área de servicios sociales, después de conocerse el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que sitúa a la Boa Vila “a la cabeza del ranking de capitales de provincias pobres, siendo la que menos invierte de toda España, por delante de Badajoz y Cuenca”, ha explicado Junco tras advertir de que el Ayuntamiento solo destina 48,65€ por habitante, cuando el organismo considera que el nivel de excelencia se sitúa en un gasto municipal de 100 euros por vecino.
La edil popular ha comparado el suspenso de Pontevedra con respecto al resto de capitales de provincia de Galicia, antes de concluir manifestando la “gran preocupación del grupo municipal por la escasa inversión del Concello en servicios sociales, siendo reincidentes, para más inri”.