• Rafa Domínguez y Pepa Pardo se reúnen con la plataforma de afectados para trasladarles su compromiso de impulsar todas las iniciativas necesarias para defender sus derechos

• Los populares solicitan al Concello de Pontevedra el convenio urbanístico y registran una batería de preguntas en el Senado por el acuerdo del consejo rector del INVIED que perjudica a más de 80 familias en la ciudad

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la secretaria general del PP local y senadora, Pepa Pardo, han mantenido una reunión con la plataforma de afectados por la suspensión de la venta de las viviendas militares situadas en las calles General Rubín, Manuel del Palacio y Rosalía de Castro para trasladarles el apoyo y la empatía de la formación, además del compromiso de impulsar todas las iniciativas necesarias para defender sus derechos.

El PP de Pontevedra ha anunciado una batería de actuaciones tanto en el ámbito municipal como en las Cortes Generales con el objetivo de que obtengan una respuesta por parte del Gobierno y se esclarezcan las razones por las que la ciudad se ha quedado fuera de un proceso de venta que sí se ha desarrollado en otras localidades como Marín, Vigo o Ferrol. “Queremos saber por qué, ante situaciones iguales, se actúa de manera diferente”, ha cuestionado Pardo.

En primer lugar, los populares han solicitado al Concello de Pontevedra toda la documentación relativa a este asunto, incluido el convenio urbanístico firmado en julio de 2020 entre el Ayuntamiento y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), que permitió la recalificación y reordenación de los terrenos de titularidad militar en la ciudad.

Asimismo, Pardo ha registrado una batería de preguntas en el Senado, que también serán presentadas en el Congreso de los Diputados, para exigir explicaciones al Gobierno central.

“Los afectados nos han trasladado la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran. Llevan años pagando un canon por unas viviendas que iban a poder adquirir y ahora se encuentran con que, por un acuerdo del consejo rector del INVIED, ya no van a poder hacerlo cuando han estado muchos años pagando ese canon”, ha denunciado la senadora.

Entre las cuestiones planteadas al Gobierno, Pardo ha demandado saber si el Ministerio de Defensa tiene previsto recibir a la plataforma de afectados: “Queremos saber si van a recibir a los representantes de las 80 familias porque, hasta el momento, el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos y no se les ha dado la información necesaria”, ha señalado.

Por último, los populares han preguntado si un acuerdo del consejo rector del INVIED puede dejar sin efecto el derecho que estas familias esperaban ejercer después de haber abonado durante años el canon correspondiente. Además, ha avanzado que el PP valorará nuevas iniciativas, una vez que el Gobierno responda a las preguntas registradas.

En definitiva, “una vez obtengamos respuestas, decidiremos cuáles serán nuestros siguientes pasos. Queremos que las más de 80 familias sepan que no están solas y que desde el PP de Pontevedra trabajaremos para que se dé una solución a su situación”, ha concluido Pardo.