• Pardo: “Iré donde tenga que ir para que se respete el artículo 23 de la Constitución y los derechos de todos los concejales de la corporación a tener acceso a los expedientes municipales”

• En junio de 2023, la popular ya ganó una sentencia contra el Ayuntamiento por “vulnerar el derecho fundamental a la participación política al denegar el acceso del PP a la documentación relativa a A Canicouva”

La concejala y secretaria general del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno local de Miguel Anxo Fernández Lores en relación con el Protocolo de Violencia en el Trabajo activado en el Ayuntamiento tras la denuncia de una agente de la Policía Local contra su jefe: “Iré donde tenga que ir para que se respete el artículo 23 de la Constitución Española y los derechos de todos los concejales de la corporación a tener acceso a los expedientes municipales”.

El caso se remonta a julio de 2025. El PP de Pontevedra tuvo conocimiento de la apertura del expediente “de forma independiente al Concello”, pese a que el protocolo se había activado ese mes. La edil ha asegurado que, durante tres meses, el Gobierno del BNG habría ocultado este procedimiento a la oposición y que, desde que el PP solicitó información y copia del expediente el 10 de noviembre, se les ha denegado el acceso en reiteradas ocasiones.

En este sentido, Pardo ha lamentado que el Concello de Pontevedra se amparase primero en la necesidad de recabar un informe del delegado de Protección de Datos, pese a que la legislación es tajante: reconoce el derecho de los concejales de todos los partidos políticos a acceder a la documentación en igualdad de condiciones. Posteriormente, la concejala recibió un resumen “sesgado y parcial” de tres folios que impide conocer el estado real del expediente.

Por última vez, tras solicitar expresamente el informe del delegado de Protección de Datos al que se hizo referencia, recibió otro escrito del Ayuntamiento el 25 de noviembre en el que se le comunica que se pedirá un nuevo informe debido a que la trabajadora afectada hizo pública su identidad durante el pleno de la semana pasada.

La concejala ha calificado la “opacidad” del Concello de Pontevedra como “una tomadura de pelo” y ha puesto de ejemplo una sentencia reciente que le otorgó la razón: “En junio de 2023, el Ayuntamiento fue condenado por vulnerar el derecho fundamental a la participación política al denegarnos acceso a la documentación relativa a la parroquia de A Canicouva, lo que certifica que el alcalde actúa cada vez con más tintes autoritarios, poniendo trabas a nuestra labor de fiscalización desde la oposición”.

Por otra parte, Pardo ha lamentado que los trabajadores municipales se vean abocados a acudir a los tribunales para ver reconocidos derechos básicos como el de la “conciliación”, y ha calificado de “hipócrita” la actitud del Gobierno local por “encabezar manifestaciones mientras vulneran los derechos de sus propios trabajadores”.

Se refirió de manera específica al caso de una funcionaria – la misma afectada por el protocolo de acoso laboral – a la que se le retiró en 2025 una conciliación otorgada en 2018, pese a seguir cumpliendo las mismas condiciones que la justificaron en su momento. Según ha explicado la número dos del PP en rueda de prensa, la modificación de horarios se basó en un informe del jefe de la Policía Local, el mismo superior contra el que se había solicitado la activación del protocolo por parte de la agente.

Pardo ha destacado que la concejala de Personal, Eva Villaverde, “mintió o trató de engañar” en el Pleno al asegurar que el cambio de turnos obedecía a la promoción profesional de la agente, algo que ocurrió en 2021, cuatro años antes de que se suprimiese su conciliación. Además, ha apuntado que la falta de personal en la Policía Local no puede justificar que se prive a una trabajadora de sus derechos esenciales.

Por todo ello, desde el PP de Pontevedra se ha lanzado un mensaje de respeto a la presunción de inocencia y de empatía con la agente afectada. Además, han instado a que se aplique el protocolo con “absoluta imparcialidad, independencia y transparencia” al considerar necesaria su actualización para incorporar, entre otras mejoras, la figura de un mediador que garantice la objetividad en la resolución de estos casos de “continuo maltrato” que sufren los trabajadores municipales en materia de conciliación y derechos laborales.