• El concejal del Partido Popular de Pontevedra y responsable del área Urbanismo, Pablo Fernández, ha registrado este viernes un escrito: “Pedimos que se nos permita fiscalizar la posible adquisición. No queremos un pelotazo inmobiliario”
• “Es nuestra labor que el Concello en todo momento sea claro con la ciudadanía. Queremos transparencia sobre la función que se le dará al inmueble y que, por supuesto, sea para el disfrute de todos los pontevedreses y pontevedresas”
• El popular ha solicitado la comparecencia de los técnicos municipales que realizaron la inspección de la instalación para conocer su valoración: “Hace cuatro meses que se realizó la visita y los informes deben ser públicos”

El concejal del Partido Popular de Pontevedra y responsable del área Urbanismo, Pablo Fernández, ha solicitado una comisión extraordinaria de Régimen Interior para que el Concello permita a la oposición acceder a la información derivada del proceso de la posible compra del convento de Santa Clara. El motivo de la petición de los populares es que se dote de transparencia al procedimiento para que así el PP pueda llevar a cabo su labor de fiscalización: “No queremos que sea un pelotazo inmobiliario”.

En el documento, el popular pide la comparecencia de los técnicos municipales que realización la visita de inspección a las instalaciones para que trasladen su valoración: “Es nuestra obligación conocer de primera mano la opinión emitida por los técnicos, que será básica para conocer el estado actual del inmueble. Hace cuatro meses que se produjo la revisión y no hemos tenido más noticia”.

Para Fernández es fundamental que el Concello sea claro con la ciudadanía y que explique la función que le pretende dar al convento, en caso de que se materialice la compra. “No queremos que se compre un edificio para que este vacío. Exigimos por lo tanto que sea para el disfrute de todos los pontevedreses”.

Por último, y considerando que la suma de la futura operación posiblemente supere el 1% del presupuesto municipal, según declaraciones del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta lo exigido por el Real Decreto 1372/1986 y Ley 5/1997, Fernández también ha requerido “la presentación de informes periciales y evaluaciones relevantes, así como informe de intervención sobre el mecanismo de compra y financiación”.