• El presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha hecho públicas las sentencias relacionadas con la adjudicación del contrato para la gestión del IBI: “Se mezcla el derroche con la absoluta incapacidad del Gobierno local”
• La empresa afectada, Eibisa Norte SL, acudió a los tribunales de Cuentas y Superior de Xustiza de Galicia, los cuales le han dado la razón: “Después de la sentencia del TSXG, la empresa esperaba ser la adjudicataria, pero el Ayuntamiento le dio el contrato a la segunda empresa ante lo sorpresa de todos”
• En contra de cualquier criterio, incluso el del servicio jurídico del Concello, se da la orden desde Alcaldía de recurrir al Supremo: “Supone un enorme gasto, con costas e intereses puede rondar los 300.000 €, por una diferencia menor a un euro”

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha desvelado este miércoles el proceso judicial que afecta al Concello derivado de la adjudicación del contrato para la gestión del IBI. Para Domínguez, este proceso judicial es muestra del “derroche de dinero público y la absoluta incapacidad del Ayuntamiento para hacer las cosas de una forma correcta”. En concreto, Domínguez se ha referido a un concurso público, con valor de 200.000 euros, al que se presentó una empresa con amplia experiencia en el sector, Eibisa Norte SL. Esta sociedad, ha apuntado Domínguez, ocupó el primer lugar, al contar con la mayor puntuación de todas las que se presentaron.

“Sin embargo, y de forma absolutamente ilógica, desde el Concello adujeron que la empresa presentaba una baja temeraria, es decir, al órgano de contratación le suscitaba dudas que esta empresa tuviese la posibilidad de llevar a cabo la gestión del IBI pues entendían que el precio propuesto era demasiado bajo. Acto seguido, el Concello concedió a la segunda empresa el contrato”, ha relatado el popular. La empresa afectada, Eibisa Norte, acudió a los tribunales al considerar injusta la decisión del Concello: “El Tribunal de Contratación Administrativa le da la razón a esta empresa, fallando en contra del Concello. El Ayuntamiento recurre al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Administración local vuelve a perder”.

Domínguez ha contado que una vez estos dos organismos de justicia le dieron la razón a la empresa, esta contaba con ser la adjudicataria, pero el Concello ya le había dado el contrato a la segunda organización. Además, “con la única misión de dilatar el proceso y en contra de cualquier criterio jurídico”, incluso del propio servicio jurídico del Concello, se da la orden de recurrir al Tribunal Supremo.

La decisión de la empresa de recurrir a la Justicia tiene como motivo que la diferencia entre su oferta y la segunda es “de solo 99 céntimos”. “El Ayuntamiento, con un contrato de 200.000 euros, elimina a una empresa porque cree que con ese precio no va a ser capaz de desarrollar el proyecto, y se lo adjudica a la siguiente que ofrece un precio 0,99 € superior. Expulsar una empresa, con un contrato de más de 200.000 €, por una baja temeraria, por una diferencia de 0,99 €, es una tomadura de pelo a los pontevedreses, a los contratos públicos y a los procesos de selección”.

Según los cálculos de los populares, “se va a tener que indemnizar con 200.000 € a esta empresa y los costes de los recursos, sobre todo el del Tribunal Supremo, pueden llegar incluso a un total de 300.000 €, con costas e intereses”. Domínguez ha incidido en que el Ayuntamiento “está tirando el dinero de los pontevedreses y la forma de actuar del Concello a la hora de resolver estos contratos indica un absoluto desprecio por la normativa de contratación. Un escándalo más que le va a costar a todos los pontevedreses torno a 300.000 €”.