• Pepa Pardo cuestiona a los concejales socialistas si apoyan “estas cesiones a los chantajes de Puigdemont o defienden la Constitución de 1978”

El Partido Popular de Pontevedra ha registrado una moción para su debate en el pleno de la Corporación municipal contra la tramitación de una ley de amnistía, como pretende hacer el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez.      

La propuesta de acuerdo “rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito” y considera que “el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento”.

Además, anima a los dos partidos mayoritarios a “buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.

La concejala popular Pepa Pardo defiende que España atraviesa un momento fundamental para la democracia y que “los ediles del PSOE deben manifestarse” y decir “si apoyan estas cesiones a los chantajes de Puigdemont y del independentismo para que Sánchez se mantenga en el Gobierno o, si por el contrario, defienden la Constitución de 1978 y la igualdad de todos los españoles ante la ley”.

Pardo anima a todos los pontevedreses a acudir al acto del 24 de septiembre en Madrid “en defensa de la igualdad de los españoles” al que asistirán varios concejales populares.

El texto distingue entre la amnistía que se aprobó en 1977 que “era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura” y la que el Gobierno actual pretende aprobar que “atenta contra principios básicos del Estado de derecho como la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno – Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo – se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de una posible amnistía.

Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley: “El precio de la Presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo”.

En definitiva, “un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”, concluye la moción.